¿Por qué reabrir el debate en torno al aborto en la región?

Actualizado: jul 7

Betty Gabriela Rodriguez


Para el 2017, la Organización Mundial de la Salud estimaba que unos 25 millones de abortos peligrosos se realizaban en el mundo cada año, de los cuales, el 98% ocurrían en Asia, África y América Latina. En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, el aborto está penalizado. Es por ello que, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos ha acarreado, en algunos países, hasta 30 años de prisión. Recientemente, latinoamericanas y caribeñas se han movilizado desde la Argentina hasta México, pasando por la República Dominicana, para exigir la despenalización del aborto.


El debate no es aborto sí o aborto no, porque tal y como lo reflejan las cifras, las personas que deben recurrir a uno, lo hacen incluso de manera clandestina, insegura, ilegal y a altos costos. Su legalización tampoco implica el fin de la maternidad. Al contrario, permite que la maternidad sea decidida y planificada libremente por quienes deseen vivirla, al tiempo que se garantiza un derecho fundamental para quienes no están listas o no desean convertirse en madres. Cuando se prohíbe o restringe el derecho al aborto, se ponen en riesgo a su vez otros derechos humanos tales como el derecho a la vida, a la salud y a la atención médica, a la integridad personal, a la privacidad, a la igualdad, entre otros.


Se reabre el debate en la región porque si bien es cierto que, muchas regulaciones contemplan excepciones, solo en un grupo minoritario de países se permite la interrupción voluntaria del embarazo, a saber: Cuba, Puerto Rico, Guyana Francesa y Uruguay, además de la Ciudad de México y el Estado Oaxaca. En el resto de los países, aplican causales muy restrictivas para autorizar un aborto, comprometiendo la vida y el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres. Por ejemplo, solo en Bolivia y Colombia se contempla el incesto como casual para acceder a un aborto. En países como Venezuela, Guatemala y Paraguay no solo no contempla el incesto, sino que tampoco autoriza el aborto en caso de violación. La pregunta a hacernos es ¿a qué estamos sometiendo a las ciudadanas de las Américas cuando restringimos este derecho? Veamos algunos de los casos más emblemáticos.


República Dominicana


Rosaura Almonte, también conocida como "Esperancita", recibió a sus 16 años, dos noticias que le cambiarían la vida. Una, que tenía leucemia y la otra, que estaba embarazada. Los médicos no practicaron un aborto terapéutico al conocer la noticia, priorizando el embarazo y postergando el inicio del tratamiento de quimioterapia. Un mes y medio después, sin haber recibido un tratamiento médico adecuado y oportuno para luchar contra el cáncer, Rosaura falleció.


La República Dominicana al igual que Nicaragua, El Salvador, Honduras y Haití prohíbe el aborto en todos los supuestos. Por ello, Rosaura Almonte, no solo no pudo acceder a un aborto terapéutico, sino que además le fue negada la asistencia médica necesaria para salvar su vida. Su caso no es solo reflejo de un debate urgente y necesario en El Caribe, sino también de la violencia institucional que acarrea la denegación de este derecho.


Paraguay


A Lucía, de 11 años, le fue negada la posibilidad de abortar después de haber sido violada por su padrastro. En el caso de Paraguay, solo se autoriza el aborto cuando la vida de la madre está en riesgo. Por eso, Lucía, a pesar de haber sido abusada sexualmente por un familiar, se convirtió en madre cuando ella misma seguía siendo una niña. Cabe destacar que las niñas en edades comprendidas entre los 10 y 14 años tienen cinco veces más probabilidades de morir durante el parto que las mujeres entre 20 y 24 años.


Perú


A Noelia Llantoy, se le negó la posibilidad de abortar cuanto tenía 17 años, a pesar de que su ginecóloga le indicó que el feto era anencefálico y que moriría a las horas o días de nacido. Efectivamente, a los cuatro días de dar a luz, la bebé falleció. En el caso de Perú, la inviabilidad fetal no está prevista en la ley como una de las causales para autorizar un aborto. Solo se permite el aborto terapéutico, por razones médicas que pongan en riesgo la vida de la madre.


El Salvador


Teodora Vásquez tenía 23 años y casi nueve meses de embarazo el día que empezó a sangrar mientras estaba trabajando. Fue acusada de homicidio agravado tras tener un aborto espontáneo y condenada a 30 años de cárcel. Centroamérica se ha caracterizado por imponer las penas privativas de libertad más severas de la región en caso de aborto. Mientras que, las mujeres detenidas reportan haber tenido pérdidas involuntarias, el estado ha optado por aplicar la pena más gravosa sentenciándolas, con frecuencia, bajo la figura de homicidios agravados.


Chile


Fernanda Sandoval, tenía meses de embarazo cuando presentó un sangrado y desprendimiento prematuro de la placenta producto de una infección. Posteriormente, fue una rotura de membrana y la pérdida del líquido amniótico. A este punto le pidió al médico interrumpir el embarazo por inviabilidad del feto, que es una de las tres causales permitidas por la ley. Este se negó alegando que era objetor de conciencia (lo cual permite a los profesionales de la salud excusarse de realizar un aborto por ser contrario a sus convicciones) y ya que, a su juicio, el bebé tenía un 18% de posibilidades de sobrevivir. En la mañana siguiente, una matrona, respetando la decisión de Fernanda, le ayudó a recibir la primera dosis de las pastillas abortivas. Cuando volvió al día siguiente por la segunda dosis, no había receta y fue atendida por otra médica objetora. En el interín, Fernanda dio a luz sin anestesia y sin la asistencia médica adecuada, en medio de un caos entre médicos objetores y no objetores que comprometieron su salud. Al día siguiente de dar a luz, ella y su pareja debieron enterrar a su bebé.


El debate se reaviva en la región porque las mujeres no solo quieren decidir sobre sus cuerpos, además quieren hacerlo de forma legal, segura y gratuita. Estos son solo cinco ejemplos de las múltiples circunstancias y razones que pueden llevar a una mujer a abortar. El aborto clandestino es la única opción hasta tanto no se despenalice. Y aún habiéndose despenalizado, las mujeres deberán mantenerse movilizadas y organizadas para exigir al estado el cumplimiento de las condiciones y garantías necesarias para el ejercicio de este derecho. Ejemplo de ello es Nicaragua, en donde tras 12 años de lucha por el derecho a decidir, el estado aprobó una legislación en 2017 que prohíbe el aborto en todos los casos. En la misma línea, el actual presidente de Uruguay ha declarado públicamente su interés de implementar "una política de desestímulo del aborto".


Según la Organización Mundial de la Salud, las leyes restrictivas van asociadas a tasas elevadas de abortos peligrosos.

A través de los años se ha comprobado que cuando el aborto es legalizado, la cantidad de procedimientos no incrementan, se disminuyen. El Guttmacher Institute asegura que el número promedio de abortos en los países en donde es completamente ilegal o está restringido, es de 37 por cada 1000 mujeres en edad reproductiva, en comparación con 34 de cada 1000, en países donde es legal.


Adicionalmente, se destaca otro dato importante, la tasa de mortalidad materna. Según el Council on Foreign Relations, casi el 90% de los abortos realizados en países donde hay leyes proelección, son seguros, comparado con solo un 25% de abortos seguros en países donde es ilegal. Aseguran también que la Organización Mundial de la Salud estima que el 8% de las muertes maternas en el mundo se dan por complicaciones en abortos no seguros, casi todos en países en vía de desarrollo.


Uruguay, por el contrario, figura como el país latinoamericano con la tasa de mortalidad materna más baja en todo el continente. Según la Organización Panamericana de la Salud, el país se ha enfocado en reducir el índice de mortalidad materna desde que se comprobó que los abortos inseguros eran causantes del 28% de muertes vinculados a la maternidad en el 2001.


Se reabre el debate en la región para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las ciudadanas latinoamericanas y caribeñas. Ello empieza con el acceso a una educación sexual integral, pasando por el acceso a los métodos anticonceptivos y de barreras necesarios para su planificación familiar y cuidado de su salud, así como la posibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Este es un debate que atañe a todos los miembros de la sociedad, en el cual deberán abordarse también los sesgos sociales y culturales que privilegian la posición de los objetores de consciencia, por encima de la protección y el goce de los derechos humanos de las mujeres. Se trata de nuestro cuerpo, nuestro derecho y nuestra decisión.


Si deseas compartirnos tu historia de forma anónima para ayudarnos a visibilizar esta realidad y derrumbar los prejuicios alrededor de las mujeres que han ejercido su derecho a elegir, contáctanos a través de nuestra página web www.amazonafoundation. com en la sección Contact Us.



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